El CERMI ha elegido Valencia para presentar esta iniciativa nacional por ser ahora mismo es el territorio "más castigado" en relación a las políticas de discapacidad y donde con "más crudeza" se lleva a cabo "una mala" aplicación de una Ley que nació "con grandes expectativas", pero que en los 9 años que lleva de despliegue "no ha producido los frutos que quería", tal y como informa Europa Press. En España, hay 4 millones con discapacidad, el 9% de la población, pero sólo el 20% de ellas está en situación de dependencia, unos 200.000.

 

Por ello, con el lema 'Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio' han puesto en marcha esta iniciativa para presentar la ILP a finales de año en el Congreso de los Diputados y que "sea el nuevo Gobierno que surja de las elecciones quien tenga que decir si acepta tramitar esta propuesta" para establecer criterios "más claros, justos e iguales en relación a la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias".

 

Al respecto, ha constatado que esta ley, que ya tenía "deficiencias" de partida, la crisis "la ha devastado" y "la ha dejado inservible en muchos aspectos". Así, ha explicado que el problema estriba en que es una ley estatal pero su aplicación depende de las comunidades autónomas, lo que genera "una diferencia abismal" entre ellas especialmente en el copago, "el elemento más cruel" ya que hay comunidades donde "no hay mientras que en otras pueda llegar al 90%".

 

Por ello, se quiere "regular en términos aceptables" el copago. Así, ha señalado que "podíamos decir no al copago y estaríamos legitimados, pero aceptamos una cierta corresponsabilidad del usuario en unos términos  equilibrados, aceptables y justos" que "no expulsen" al dependiente del sistema "como está ocurriendo en muchos casos ahora".

 

Para ello, reclaman la exención del copago a quienes perciban menos de 1.331 euros o fijar una aportación máxima por persona que no sea superior al 60 por ciento del coste del servicio al que accede porque "una persona con dependencia no puede dedicar todo su dinero a la atención que recibe".

 

 

Por su parte, el presidente del CERMI Comunidad Valenciana, Juan Planells, ha señalado que los dependientes valencianos son los "más atacados" y "nos han puesto en una situación en la que el único que se admite son los tribunales".

 

"Es inconcebible --se ha lamentado-- que la Generalitat tras cuatro sentencias que dicen que no es competente en legislar en esta materia nos saque ahora una orden y unas tasas que nos obliga a ir al Tribunal Constitucional".

 

Planells ha reprochado que la se trata de un copago "incautatorio" que "no deja posibilidad de tener una mínima autónoma a las personas con discapacidad" y que con las crisis está "habiendo un goteo de gente que saca del servicio a las personas discapacitadas, lo que supone perder el trabajo de muchos años en su rehabilitación".

 

En ese sentido, ha recordado que en la Comunitat "desde el primer día no se tomó en serio" esta Ley ya que con la época del exconseller de Bienestar Social Juan Cotino se pensaba "en cómo anular los efectos de la ley" y "se quería que todo lo pagara el Gobierno central y aquí no se estaba dispuesto a aplicar y nunca se la han tomado en serio".

 

"Han tenido que ir empujados por la ley y tras un pequeño oasis con el mandato de Angélica Such, que hizo algo por mejorar las cosas, se ha vuelto a la situación anterior", ha lamentado Planells, que ha señalado que los las cifras de afectados las tiene la Generalitat "y lamentablemente la transparencia no es una virtud".